null / Crédito: Wolfgang Schaller/Shutterstock.La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Corte Suprema que mantenga la ciudadanía por nacimiento, advirtiendo que eliminar esta práctica de larga data sería “inmoral”.
En su primer día en el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los hijos reciban automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer si sus padres ingresaron ilegalmente al país y se encontraban residiendo de forma irregular cuando el niño nació.
La orden enfrentó de inmediato una impugnación legal de parte de padres de niños a quienes se les negó la ciudadanía con base en dicha orden. Esa demanda sostiene que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional protegido por la Decimocuarta Enmienda. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema.
En un escrito amicus curiae o “amigo de la corte”, los abogados de los obispos argumentaron que poner fin a la ciudadanía por nacimiento no es legal, con base en la Decimocuarta Enmienda, y carece de respaldo en la tradición jurídica occidental.
Aseguraron que la ciudadanía por nacimiento también está respaldada por la enseñanza católica, “que afirma la dignidad inherente de toda persona humana, especialmente del niño inocente”.
“Como católicos, nuestra fe nos obliga a protestar contra leyes que niegan la dignidad de la persona humana y dañan a los niños inocentes, particularmente cuando tales leyes reavivan las mismas injusticias que la Decimocuarta Enmienda fue promulgada para repudiar”, señaló el escrito.
“En su esencia, este caso no es únicamente una cuestión sobre el estatus de ciudadanía o sobre la Decimocuarta Enmienda”, añadieron. “Se trata de si la ley afirmará o negará el valor igual de aquellos que nacen dentro de nuestra comunidad común, si la ley protegerá la dignidad humana de todos los hijos de Dios”.
La Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC, por sus siglas en inglés) se unió a los obispos en el escrito.
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue adoptada en 1868 con el propósito principal de asegurar que las personas que habían sido esclavizadas fueran reconocidas como ciudadanos. La enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”.
En 1898, la Corte Suprema falló a favor de un amplio derecho a la ciudadanía por nacimiento, con base en la enmienda, con excepciones muy limitadas. Sin embargo, el máximo tribunal de la nación nunca ha resuelto directamente un caso en el que a una persona se le haya negado la ciudadanía por nacimiento porque sus padres se encontraban en el país de forma irregular.
El escrito de los obispos se centró principalmente en la moralidad, subrayando su interpretación de que abandonar esta práctica negaría la dignidad y la libertad innatas de la persona, causaría daño a personas vulnerables y debilitaría y amenazaría a la familia.
“Dado que toda persona está creada a imagen y semejanza de Dios, la Iglesia rechaza la noción de que algunas personas sean consideradas ‘otros’ y no posean la dignidad humana intrínseca dada por Dios”, señaló el escrito.
“La orden ejecutiva es antitética al contenido de las enseñanzas de la Iglesia, porque priva a personas cuyos padres no nacieron aquí, o cuya madre tiene un estatus temporal, de los derechos legales necesarios para participar en la sociedad en la que nacieron”, agregó.
Algunos católicos reaccionan en contra
El escrito provocó una fuerte reacción de algunos católicos que cuestionaron la interpretación que los obispos hacen de la Decimocuarta Enmienda y de la doctrina social de la Iglesia.
En una publicación en X, Joshua Hochschild, profesor de filosofía en Mount St. Mary’s University, sugirió que haya “otro escrito amicus para el caso de ciudadanía”, firmado por sacerdotes y académicos, para reflejar lo que él llamó “el verdadero pensamiento social católico sobre la cuestión política, moral y legal de la ciudadanía”.
“[Ese escrito] también podría ser claramente bipartidista: el escrito debería explicar la auténtica enseñanza católica, los principios morales, la naturaleza de la prudencia política, y llegar a la conclusión de que la enseñanza de la Iglesia es compatible con una variedad de interpretaciones y aplicaciones de la Decimocuarta Enmienda”, añadió Hochschild.
Kevin Roberts, católico y presidente de la conservadora Heritage Foundation, publicó en X que “nada de esto es enseñanza de la Iglesia”, sino más bien “sólo un pobre argumento”.
“Es interesante cómo el argumento de la ‘dignidad humana’ siempre va en una sola dirección: Todo para el extranjero, incluso para los infractores de la ley, a expensas del ciudadano”, dijo Roberts.
Señaló que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que las autoridades políticas “pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción”.
El catecismo también afirma que las naciones prósperas tienen una obligación mayor de acoger a los migrantes, pero que los migrantes también tienen una obligación hacia las leyes y las costumbres de esa nación.
Andrew Arthur, investigador residente en derecho y políticas en el Center for Immigration Studies y exjuez de inmigración, dijo a EWTN News que él “respeta lo que [los obispos] tienen que decir”, pero considera que el escrito es “más una declaración política que una moral”.
Señaló que la mayoría de los países católicos —aparte del hemisferio occidental— no tienen una ciudadanía por nacimiento irrestricta. Añadió que “la Santa Sede no tiene ciudadanía por nacimiento” y que la mayoría de los países europeos se han alejado de ella en los últimos años.
Según World Population Review, sólo 36 países —incluidos Estados Unidos— tienen ciudadanía por nacimiento irrestricta. Otros 45 tienen una ciudadanía por nacimiento restringida, lo que significa que sólo se aplica bajo ciertas condiciones.
Arthur dijo que “el gobierno sí tiene un buen argumento”, pero considera que la Corte Suprema podría fallar de diversas maneras. Si la decisión es favorable a la administración, dijo, es más probable que el tribunal restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento a que la elimine por completo.. Señaló que también es posible que los magistrados concluyan que es el Congreso, y no el poder ejecutivo, quien tiene la autoridad para restringirla.
La Corte Suprema escuchará los alegatos orales dentro de aproximadamente un mes, el 1 de abril, en el caso Trump v. Barbara, el caso sobre ciudadanía por nacimiento.
Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
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