El Evangelio del Dia

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Corte Suprema que mantenga la ciudadanía por nacimiento, advirtiendo que eliminar esta práctica de larga data sería “inmoral”.

En su primer día en el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los hijos reciban automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer si sus padres ingresaron ilegalmente al país y se encontraban residiendo de forma irregular cuando el niño nació.

La orden enfrentó de inmediato una impugnación legal de parte de padres de niños a quienes se les negó la ciudadanía con base en dicha orden. Esa demanda sostiene que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional protegido por la Decimocuarta Enmienda. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema.

En un escrito amicus curiae o “amigo de la corte”, los abogados de los obispos argumentaron que poner fin a la ciudadanía por nacimiento no es legal, con base en la Decimocuarta Enmienda, y carece de respaldo en la tradición jurídica occidental.

Aseguraron que la ciudadanía por nacimiento también está respaldada por la enseñanza católica, “que afirma la dignidad inherente de toda persona humana, especialmente del niño inocente”.

“Como católicos, nuestra fe nos obliga a protestar contra leyes que niegan la dignidad de la persona humana y dañan a los niños inocentes, particularmente cuando tales leyes reavivan las mismas injusticias que la Decimocuarta Enmienda fue promulgada para repudiar”, señaló el escrito.

“En su esencia, este caso no es únicamente una cuestión sobre el estatus de ciudadanía o sobre la Decimocuarta Enmienda”, añadieron. “Se trata de si la ley afirmará o negará el valor igual de aquellos que nacen dentro de nuestra comunidad común, si la ley protegerá la dignidad humana de todos los hijos de Dios”.

La Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC, por sus siglas en inglés) se unió a los obispos en el escrito.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue adoptada en 1868 con el propósito principal de asegurar que las personas que habían sido esclavizadas fueran reconocidas como ciudadanos. La enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”.

En 1898, la Corte Suprema falló a favor de un amplio derecho a la ciudadanía por nacimiento, con base en la enmienda, con excepciones muy limitadas. Sin embargo, el máximo tribunal de la nación nunca ha resuelto directamente un caso en el que a una persona se le haya negado la ciudadanía por nacimiento porque sus padres se encontraban en el país de forma irregular.

El escrito de los obispos se centró principalmente en la moralidad, subrayando su interpretación de que abandonar esta práctica negaría la dignidad y la libertad innatas de la persona, causaría daño a personas vulnerables y debilitaría y amenazaría a la familia.

“Dado que toda persona está creada a imagen y semejanza de Dios, la Iglesia rechaza la noción de que algunas personas sean consideradas ‘otros’ y no posean la dignidad humana intrínseca dada por Dios”, señaló el escrito.

“La orden ejecutiva es antitética al contenido de las enseñanzas de la Iglesia, porque priva a personas cuyos padres no nacieron aquí, o cuya madre tiene un estatus temporal, de los derechos legales necesarios para participar en la sociedad en la que nacieron”, agregó.

Algunos católicos reaccionan en contra

El escrito provocó una fuerte reacción de algunos católicos que cuestionaron la interpretación que los obispos hacen de la Decimocuarta Enmienda y de la doctrina social de la Iglesia.

En una publicación en X, Joshua Hochschild, profesor de filosofía en Mount St. Mary’s University, sugirió que haya “otro escrito amicus para el caso de ciudadanía”, firmado por sacerdotes y académicos, para reflejar lo que él llamó “el verdadero pensamiento social católico sobre la cuestión política, moral y legal de la ciudadanía”.

“[Ese escrito] también podría ser claramente bipartidista: el escrito debería explicar la auténtica enseñanza católica, los principios morales, la naturaleza de la prudencia política, y llegar a la conclusión de que la enseñanza de la Iglesia es compatible con una variedad de interpretaciones y aplicaciones de la Decimocuarta Enmienda”, añadió Hochschild.

Kevin Roberts, católico y presidente de la conservadora Heritage Foundation, publicó en X que “nada de esto es enseñanza de la Iglesia”, sino más bien “sólo un pobre argumento”.

“Es interesante cómo el argumento de la ‘dignidad humana’ siempre va en una sola dirección: Todo para el extranjero, incluso para los infractores de la ley, a expensas del ciudadano”, dijo Roberts.

Señaló que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que las autoridades políticas “pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción”.

El catecismo también afirma que las naciones prósperas tienen una obligación mayor de acoger a los migrantes, pero que los migrantes también tienen una obligación hacia las leyes y las costumbres de esa nación.

Andrew Arthur, investigador residente en derecho y políticas en el Center for Immigration Studies y exjuez de inmigración, dijo a EWTN News que él “respeta lo que [los obispos] tienen que decir”, pero considera que el escrito es “más una declaración política que una moral”.

Señaló que la mayoría de los países católicos —aparte del hemisferio occidental— no tienen una ciudadanía por nacimiento irrestricta. Añadió que “la Santa Sede no tiene ciudadanía por nacimiento” y que la mayoría de los países europeos se han alejado de ella en los últimos años.

Según World Population Review, sólo 36 países —incluidos Estados Unidos— tienen ciudadanía por nacimiento irrestricta. Otros 45 tienen una ciudadanía por nacimiento restringida, lo que significa que sólo se aplica bajo ciertas condiciones.

Arthur dijo que “el gobierno sí tiene un buen argumento”, pero considera que la Corte Suprema podría fallar de diversas maneras. Si la decisión es favorable a la administración, dijo, es más probable que el tribunal restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento a que la elimine por completo.. Señaló que también es posible que los magistrados concluyan que es el Congreso, y no el poder ejecutivo, quien tiene la autoridad para restringirla.

La Corte Suprema escuchará los alegatos orales dentro de aproximadamente un mes, el 1 de abril, en el caso Trump v. Barbara, el caso sobre ciudadanía por nacimiento.

Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, aseguró que Cuba se encuentra ante un momento decisivo y que el país pronto alcanzará “la libertad que no ha tenido en 67 años”.

“Si hay libertad, no va a haber sufrimiento porque va a haber el cambio necesario. ¿Cómo se realizará? Bueno, en eso estamos”, aseveró el diplomático en una entrevista con EWTN Noticias.

Según confirmó, actualmente “hay intercambios con personas dentro del régimen cubano a alto nivel”, así como “conversaciones para ver qué es lo que se puede hacer y llevar al país en una nueva dirección” que permita una transición hacia la democracia.

Este martes 24 de febrero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el discurso del estado de la Unión, el primero de su segundo mandato y el más largo de la historia, en el que no nombró a Cuba.

Al día siguiente cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos murieron a causa de un tiroteo con la Tropa Guarda frontera cubana, un hecho que elevó la tensión y generó nuevas interrogantes sobre la situación en la isla.

Durante la entrevista se abordó la crisis energética, que se ha agravado tras el bloqueo de petróleo impuesto por Estados Unidos, con el fin del envío de petróleo desde Venezuela y sanciones para aquellos países que lo burlen.

"Políticas mal llevadas a cabo por el régimen cubano durante casi 7 décadas”

Hammer, no obstante, atribuyó la asfixia económica a la reprobable gestión interna del régimen: “El sistema energético, colapsando; el sistema sanitario, colapsando, el sistema de salud; colapsando y esto no tiene nada que ver con los Estados Unidos, o sea, esas son políticas mal llevadas a cabo por el régimen cubano durante casi 7 décadas”.

Así, detalló que antes de que el presidente Donald Trump anunciara estas medidas restrictivas el pasado 11 de enero, el “60% de ese petróleo no estaba entrando”.

“Se estaba revendiendo en los mercados internacionales con destino a China y Asia. O sea, que no iba a beneficiar al pueblo, a la economía cubana”, aseguró, rechazando que la crisis de combustible sea consecuencia directa de Washington.

“Que no le echen la culpa a otros como les gusta. La propaganda está muy bonita y está muy bien hecha, pero no es de creerse. Busquen cuáles son los hechos, los datos. La crisis de basura por las calles… pregúntale a cualquier cubano habanero cuándo empezó”, insistió.

Del mismo modo, defendió también que el embargo se impuso para impedir "darle oxígeno, energía y capacidad a la máquina represiva del régimen cubano".

La entrevista se produjo poco después de la reunión que mantuvo el pasado 20 de febrero con el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, y con el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados.

Según comunicados oficiales de la Embajada de EE.UU. ante la Santa Sede, la reunión abordó la crisis política, económica y social en Cuba y el papel que la Iglesia Católica puede desempeñar como actor de acompañamiento y mediación.

Apoyo de la Iglesia para una transición pacífica en Cuba

En este sentido, Hammer dijo que trasladó a la Iglesia en Cuba la necesidad de que denuncie abiertamente que el régimen castrista no respeta los derechos humanos del pueblo cubano.

“No lo hace abiertamente, públicamente, lo hace a través de las Misas, pero la percepción es que no está declarándose a favor de la dignidad, de los derechos del pueblo humano”, aseveró en este sentido.

También se refirió a la situación de los presos políticos: “Más de centenares que están encarcelados porque se atrevieron a quejarse de la situación económica, de que no hay electricidad, de que no hay agua, y que salieron esas manifestaciones pacíficas. Es importante que el Vaticano, que la iglesia, les dé voz y hablen y digan: hay que liberar a esos presos políticos”.

El papel del Vaticano en la ecuación cubana tiene una dimensión histórica que Washington conoce bien. La Santa Sede fue mediadora en el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos impulsado por el presidente Barack Obama en 2014, y el Papa Francisco facilitó parte de las negociaciones.

De hecho, si bien Estados Unidos no cuenta con embajador en Cuba desde 1960, las relaciones diplomáticas fueron restablecidas en 2015. Con todo la legación estadounidense está encabezada por un encargado de Negocios, figura que no ostenta rango de embajador.

Un diplomático en la calle

Durante sus quince meses en La Habana, Hammer ha hecho gala de un perfil diplomático poco habitual. Ha recorrido la isla —todas sus provincias— para escuchar directamente a los ciudadanos y conocer de primera mano sus preocupaciones y anhelos.

“Muchos sienten que la revolución les ha traicionado ¿y por qué? Porque sus padres, abuelos, lucharon con Fidel y ¿qué ocurrió? Cuando llegaron a esa mayoría edad, no había un Estado que les amparaba, que les cuidaba, les abandonó y al mismo tiempo ven como miembros de la cúpula castrista van a pasearse por (el Paseo de la) Castellana en Madrid o a educarse en Europa”, relató.

Esa cercanía con la población cubana no ha gustado al régimen castrista, que ha intentado boicotear estos encuentros organizando actos de repudio por parte de grupos afines. Sin embargo, el diplomático sostiene que el mensaje que recibe en la calle es inequívoco: “El pueblo quiere un cambio, es lo que me expresan a mí”.

En la misma línea, cuestionó los privilegios de la élite gobernante: “¿Cómo es que entran los autos de lujo que conduce la cúpula? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que hay restaurantes, paladares, como dicen allí, que son frecuentados por el alto nivel? Esto es una dictadura donde los que son parte de ella viven bien y el resto del pueblo está abandonado”.

Hammer denunció además un clima de control y restricciones que se extiende a distintos ámbitos de la vida cotidiana: “Lo controlan todo. No hay libertad de prensa, de expresión, de religión. Eso tiene que cambiar. Y el mundo lo tiene que ver”.

Preguntado específicamente sobre el grado de libertad religiosa en la isla, refirió: “Están deteniendo a mujeres que quieren ir a Misa”.

La Iglesia, principal socio para canalizar ayuda humanitaria en el país

Desde finales de 2025, Estados Unidos ha canalizado nueve millones de dólares a través de la Iglesia Católica y de Catholic Relief Services, sin mediación alguna del régimen castrista. Una alternativa, señaló Hammer, para evitar que haya desvío de fondos.

”La experiencia nos ha enseñado a través de la historia que no se puede confiar uno en que el régimen va a dejar llegar la asistencia a quienes más la necesitan y por eso, lo siento decir, es la realidad hoy de Cuba”, aseguró, tras constatar que la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos continuará siendo distribuida a través de canales no institucionales para asegurar que lleguen a los sectores más vulnerables. 

“Ahora por lo menos están permitiendo que los Estados Unidos manden ayuda humanitaria y a través de la iglesia, el rol de la iglesia. De hecho, la Iglesia es la que ha estado apoyando al pueblo cubano ya por décadas y el rol de la Iglesia sigue siendo sumamente importante”, explicó.

El objetivo de Washington, insistió, es una transición pacífica que evite el derramamiento de sangre y garantice la liberación de los encarcelados por motivos políticos. 

Numerosas voces de la Iglesia Católica en Francia han expresado su firme oposición y alertado sobre las consecuencias éticas y sociales desde que se aprobó en mayo de 2025 un proyecto de ley sobre la eutanasia.

Este 24 de febrero, la Asamblea Nacional someterá a votación la ley denominada “ayuda a morir”, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de suministrar medicación letal a adultos que padezcan enfermedades graves e incurables.

Lo obispos de Francia defendieron el pasado 16 de enero que “los cuidados paliativos son la única respuesta adecuada a las situaciones difíciles del final de la vida”, y advirtieron que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido en el país “cambiaría profundamente la naturaleza de nuestro pacto social”.

Instaron por ello a “proteger la vida hasta el final” y subrayaron que la vida “no se cuida dando la muerte”. En esta misma línea, el Obispo de Bayona, Mons. Marc Aillet, llamó la atención de los fieles ante “la extrema gravedad” de esta ley, así como de las “terribles consecuencias” que acarrearía su adopción. 

En un comunicado publicado el 23 de febrero, en la víspera de la votación, el prelado francés advirtió que la legalización de la eutanasia abriría “inevitablemente la puerta a todas las derivas posibles e imaginables”.

Lejos de ser un texto “equilibrado y de compromiso”, Mons. Aillet precisa que la aprobación de esta ley supondría un cambio profundo en la protección jurídica de la vida humana. 

A su juicio, Francia podría experimentar la misma deriva que se ha producido en países como Bélgica, Países Bajos o Canadá, donde la eutanasia ha ampliado progresivamente su alcance hasta hacerse accesible a menores, personas con discapacidad o personas mayores que padecen depresión. 

Señala además que la eutanasia podría suministrarse a pacientes con una enfermedad grave, “que no están necesariamente al final de la vida”, como diabéticos o personas con alzheimer. 

El obispo de Bayona también denuncia lo que considera un ataque a la objeción de conciencia, al señalar que hospitales o residencias que se nieguen a practicar la eutanasia podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros.

Remarca la alta demanda de los cuidados paliativos e insiste en que el proyecto de ley socava la vocación del personal sanitario, “que consiste en cuidar, acompañar y aliviar a sus pacientes”.

Frente a este panorama, el prelado invita a los fieles “a rezar por los diputados y los parlamentarios” que están llamados a pronunciarse sobre este texto de ley “cuya adopción marcaría un verdadero vuelco en la civilización”. 

“Que el Señor ilumine las conciencias de todos los actores de la vida política de tal manera que tengan a corazón “responder concretamente a las situaciones de fragilidad, promoviendo políticas de solidaridad auténtica, más que formas de compasión ilusorias como la eutanasia”, concluye el obispo, recordando la palabras del Papa León XIV.

El pasado 20 de febrero, la Conferencia Episopal de Francia también convocó una jornada de oración y ayuno, “para pedirle al Señor que ilumine las conciencias sobre la gravedad de los desafíos que plantea esta ley propuesta”.