null / Crédito: Patrick Thomas / Shutterstock.Numerosas voces de la Iglesia Católica en Francia han expresado su firme oposición y alertado sobre las consecuencias éticas y sociales desde que se aprobó en mayo de 2025 un proyecto de ley sobre la eutanasia.
Este 24 de febrero, la Asamblea Nacional someterá a votación la ley denominada “ayuda a morir”, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de suministrar medicación letal a adultos que padezcan enfermedades graves e incurables.
Lo obispos de Francia defendieron el pasado 16 de enero que “los cuidados paliativos son la única respuesta adecuada a las situaciones difíciles del final de la vida”, y advirtieron que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido en el país “cambiaría profundamente la naturaleza de nuestro pacto social”.
Instaron por ello a “proteger la vida hasta el final” y subrayaron que la vida “no se cuida dando la muerte”. En esta misma línea, el Obispo de Bayona, Mons. Marc Aillet, llamó la atención de los fieles ante “la extrema gravedad” de esta ley, así como de las “terribles consecuencias” que acarrearía su adopción.
En un comunicado publicado el 23 de febrero, en la víspera de la votación, el prelado francés advirtió que la legalización de la eutanasia abriría “inevitablemente la puerta a todas las derivas posibles e imaginables”.
Lejos de ser un texto “equilibrado y de compromiso”, Mons. Aillet precisa que la aprobación de esta ley supondría un cambio profundo en la protección jurídica de la vida humana.
A su juicio, Francia podría experimentar la misma deriva que se ha producido en países como Bélgica, Países Bajos o Canadá, donde la eutanasia ha ampliado progresivamente su alcance hasta hacerse accesible a menores, personas con discapacidad o personas mayores que padecen depresión.
Señala además que la eutanasia podría suministrarse a pacientes con una enfermedad grave, “que no están necesariamente al final de la vida”, como diabéticos o personas con alzheimer.
El obispo de Bayona también denuncia lo que considera un ataque a la objeción de conciencia, al señalar que hospitales o residencias que se nieguen a practicar la eutanasia podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros.
Remarca la alta demanda de los cuidados paliativos e insiste en que el proyecto de ley socava la vocación del personal sanitario, “que consiste en cuidar, acompañar y aliviar a sus pacientes”.
Frente a este panorama, el prelado invita a los fieles “a rezar por los diputados y los parlamentarios” que están llamados a pronunciarse sobre este texto de ley “cuya adopción marcaría un verdadero vuelco en la civilización”.
“Que el Señor ilumine las conciencias de todos los actores de la vida política de tal manera que tengan a corazón “responder concretamente a las situaciones de fragilidad, promoviendo políticas de solidaridad auténtica, más que formas de compasión ilusorias como la eutanasia”, concluye el obispo, recordando la palabras del Papa León XIV.
El pasado 20 de febrero, la Conferencia Episopal de Francia también convocó una jornada de oración y ayuno, “para pedirle al Señor que ilumine las conciencias sobre la gravedad de los desafíos que plantea esta ley propuesta”.
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